El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, desarrolló un programa de financiamiento con recursos aportados por el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de Anses, orientados a reactivar la construcción, y simultáneamente facilitar la compra la compra de la vivienda a los que aún no la tienen; y a los que son propietarios, poder refaccionarla o ampliarla. La convocatoria exhorta a los bancos a presentar las ofertas, aclarando que las entidades que ofrezcan las mejores condiciones serán las adjudicatarias de las licitaciones a plazo fijo de los recursos aportados por Anses. Los fondos adjudicados se aplicarán a líneas de préstamos personales, con un plazo mínimo de amortización de 15 años y una tasa de interés indexada por UVA, más un diferencial del 7,50%. Con el pretexto de una falsa justicia social, el gobierno pone en marcha un sistema de préstamos personales orientados a sostener un falso equilibrio fiscal, mediante una inversión en viviendas, que apenas representa el 0,19% del PBI. El esquema, no satisface las expectativas de las entidades inversoras, porque la actual inestabilidad económica expone interrogantes sobre el comportamiento de la tasa de interés, el impacto de la inflación en los costos de la construcción, y la certeza relativa de que los futuros adjudicatarios, no puedan pagar las cuotas del préstamo. Al ser el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, el resguardo financiero que protege el sistema previsional y garantiza el pago de las jubilaciones y pensiones, el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajos registrados, impacta en la ecuación de sostenibilidad del sistema, alterando la relación matemática entre los trabajadores activos y los jubilados. En resumen, el plan del gobierno compromete derechos sensibles de las personas al afectar colateralmente a la vivienda y la subsistencia del sector pasivo hoy amenazado por la informalidad laboral y el endeudamiento familiar, que ponen en riesgo el pago de las cuotas, facilitando la ejecución de la garantía, la apropiación de la vivienda y de las cuotas abonadas por el deudor, frustrando así el derecho a la vivienda de millones de familias argentinas.
José Emilio Gómez
joseemiliogomez08@gmail.com